Hoy, un miembro de la Junta Directiva del COAMBM ha asistido a una jornada clave para el presente y futuro de la gobernanza ambiental en España, organizada por la Fundación CONAMA, donde se ha puesto el foco en el cumplimiento del Convenio de Aarhus: el derecho a la información, la participación y el acceso a la justicia en materia ambiental.
El acto ha combinado la presentación de resultados del barómetro CONAMA 2026 con una mesa de debate centrada en un desafío urgente: la desinformación (incluida la de carácter ambiental) y sus efectos en la participación pública
Principales conclusiones del Barómetro: avances con señales de alerta
El Barómetro CONAMA 2026, realizada mediante encuestas en el ámbito profesional (por tanto, a participantes que hay requerido acceso a información pública ambiental) dibuja un escenario con progresos, pero también con importantes limitaciones estructurales:
- Bajo conocimiento del Convenio: Más de la mitad de los profesionales (53,1%) tiene un conocimiento nulo o básico del Convenio de Aarhus, incluso dentro de la propia Administración (57,4%).
- Acceso a la información mejorado, pero imperfecto: Aunque el 83,9% ha solicitado información ambiental, persisten barreras como el silencio administrativo o la falta de acompañamiento.
- Alta participación, pero con déficit de retorno: El 77,7% ha participado en procesos públicos, pero se demanda mayor transparencia sobre cómo se incorporan las aportaciones.
- Justicia ambiental reconocida, pero difícilmente accesible: El marco normativo existe, pero continúan obstáculos económicos y de tiempos procesales.
- Diagnóstico claro y voluntad de mejora: Lejos del desencanto, quienes mejor conocen el sistema son quienes más apuestan por reforzarlo.
En este contexto, varias son las conclusiones: por un lado, hay Administraciones con muy poca capacidad de cumplimiento (fundamentalmente Ayuntamientos de menos de 200000 habitantes), probablemente por falta de recursos, y quizá la conclusión más preocupante que se ha evidenciado —y que compartimos desde el Colegio— es la percepción de un “agotamiento participativo”, derivado de procesos que no siempre generan impacto real ni retorno informativo a la ciudadanía.
La desinformación: un riesgo estructural para la democracia ambiental
La mesa redonda ha incidido en un elemento determinante: la desinformación como obstáculo creciente para la acción ambiental.
Se ha puesto de manifiesto que, en un contexto actual de:
- elevada polarización social,
- saturación informativa,
- y uso intensivo de canales digitales,
la desinformación no solo confunde, sino que erosiona la confianza institucional y desactiva la participación ciudadana, afectando directamente a la aplicación efectiva del Convenio de Aarhus y a la confianza de la ciudadanía en la mejora ambiental gestionada desde las Administraciones Públicas.
Corresponsabilidad frente a la desinformación
Uno de los consensos más relevantes del debate ha sido que la lucha contra la desinformación exige una respuesta compartida:
Administraciones públicas
- Deben garantizar información rigurosa, accesible y comprensible.
- Es clave reforzar la transparencia activa y la comunicación pedagógica (y comprensible).
Medios de comunicación
- Tienen la responsabilidad de verificar, contextualizar y traducir la complejidad ambiental.
- Su papel es decisivo para evitar la amplificación de bulos o narrativas simplistas.
Ciudadanía
- Ha de avanzar hacia una participación informada y crítica, basada en fuentes fiables.
- Es necesario fortalecer la cultura científica y ambiental.
Posicionamiento del Colegio de Ambientólogos
Desde nuestro Colegio profesional consideramos que este acto refuerza una idea clave:
No basta con disponer de herramientas de participación, hay que hacer que funcionen.
En línea con el lema de CONAMA 2026, “Hacer”, defendemos:
- Impulsar la formación ambiental de forma transversal, también en el Convenio de Aarhus. Tanto en el ámbito técnico como en la administración y la ciudadanía.
- Mejorar la calidad de la participación pública. Incorporando mecanismos de retorno, evaluación y trazabilidad de las decisiones.
- Combatir la desinformación con conocimiento experto. Reforzando el papel de profesionales ambientales como intermediarios fiables entre ciencia, política y sociedad.
- Facilitar el acceso a la justicia ambiental. Eliminando barreras económicas y procedimentales.
- Recuperar la confianza ciudadana. Evitando procesos participativos meramente formales que generan frustración.
Conclusión
El Barómetro CONAMA 2026 deja un mensaje claro:
el marco existe, el diagnóstico también… ahora toca actuar.
En un contexto de desinformación y polarización, avanzar en los derechos de Aarhus no solo es una cuestión ambiental, sino democrática.
Desde el Colegio Profesional de Ambientólogos de la Comunidad de Madrid reiteramos nuestro compromiso con este objetivo: hacer que la participación ambiental sea efectiva, informada y transformadora.
